Wednesday, April 29, 2009

El caso Supa


Me disculpo por la falta de actualización los últimos días. Ando full con una serie de proyectos, prometo volver pronto. Mientras tanto, los dejo con las declaraciones de Javier A. de Belaunde (mi hermano), egresado de Derecho de la PUCP, sobre el caso Hilaria Supa. Parte de dicha opinión fue publicada en la última edición de Punto Edu.

Realmente, ¡qué nivel! 

- Javier A. de Belaunde

Pese a que nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte reconocen los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, nos encontramos ante un grave y extendido problema social que, como ha sido correctamente identificado por la Defensoría del Pueblo en su documento sobre la materia, cuestiona nuestra condición de nación y erosiona nuestra democracia. Creo que el incidente suscitado por el Director del diario Correo respecto de la Congresista Supa se inscribe en esta temática. 

Así, bajo la apariencia de perseguir una finalidad legítima y loable como la de mejorar el funcionamiento del Congreso, la opinión vertida menoscaba la condición de congresista de la Sra. Supa por motivos prohibidos por las normas: identidad cultural, idioma, condición económica y, no seamos ingenuos, filiación política; proponiéndonos la adopción de un modelo que agudice la exclusión. Reparemos en que el origen de su pretendida desacreditación se encuentra en sus dificultades para la expresión escrita en castellano y no en una evaluación seria sobre su desempeño en la función –por ejemplo, como integrante de la comisión de salud o de pueblos indígenas. No comparto los prejuicios del autor: considero plenamente posible que una mujer campesina quechuahablante tenga conocimientos, experiencias y perspectivas valiosas que aportar al proceso de elaboración de leyes, a la fiscalización y a la representación. 

Tampoco concuerdo con que la exhibición de la fotografía suponga un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de transmitir información. Si bien es cierto que se trata de una funcionaria pública en un espacio público y que, constitucionalmente, existe un interés especial por proteger la difusión de ciertos hechos, esto no excluye a la Congresista del goce del derecho a la privacidad. El acceso furtivo a su cuaderno personal de notas es excesivo, no redunda en la formación de la opinión pública como ideal democrático y no debe disociarse del propósito de generar una falsa apariencia de incapacidad para la función. 

Todo lo anterior no supone en modo alguno una conformidad con estado actual de las cosas, sino una invocación a ocuparnos de los temas que realmente importen una mejora al sistema político. Como propone Pease (“Reforma Política”), debiésemos enfocarnos en lograr transparencia en las instituciones públicas, partidos políticos que supongan reales vehículos de participación ciudadana y, fundamentalmente, una representación que, en efecto, represente y rinda cuentas.


Tuesday, April 14, 2009

El caso Fujimori y la reivindicación de la magistratura


“Aquí mando yo”. Difícil olvidar esa categórica frase pronunciada por el presidente de la Sala Especial, César San Martín, en la primera audiencia del juicio a Fujimori. En ese momento, el ex mandatario intentó burlar las reglas del proceso lanzando una impertinente arenga política, cuando debía solo indicar si se declaraba inocente o culpable de los cargos que se le imputaban.

Esa frase –“aquí mando yo” – reafirmó la autoridad de la sala e impidió que Fujimori siguiera burlándose de la justicia. Pero no se trató solo de una llamada al orden, sino también de un acto de reivindicación de la magistratura en su conjunto. Esa magistratura que fue humillada y luego burdamente controlada por el poder político de Fujimori y Montesinos en la década de los noventa.

Con esa frase, el doctor San Martín le decía a Fujimori que ya no podía pisotear más a la justicia. Asimismo, nos adelantaba a todos los ciudadanos lo que quedó evidenciado con la contundente sentencia de la semana pasada: que sí es posible contar con una magistratura que, de manera independiente e imparcial, garantice un debido proceso y un resultado justo. Como país, hay que felicitarnos por ello.


(Publicado originalmente en el semanario Punto Edu)